A MODO DE EDITORIAL: EL ESTADO PECADOR

ANDRÉS ROJO TORREALBA

El Estado se rige por las mismas reglas que las personas, es decir que puede cometer delitos y faltas que, sin ser motivo de sanción judicial, sí tienen una dimensión ética que debe ser considerada por quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado.

En estas más de tres décadas de libre mercado, el rol del Estado se ha visto disminuido e incluso es posible encontrar a quienes opinen que el Estado no tiene atributos éticos y, por lo tanto, no puede cometer pecados. Ya en la primera administración concertacionista, el responsable de las políticas comunicacionales afirmó que la mejor política de comunicaciones era no tener política alguna. En resumidas cuentas, que el mercado determinara el fluir de las comunicaciones. Sin embargo, su propio superior, el presidente Patricio Aylwin declaró que el mercado era “cruel”, lo que implica que dejar el funcionamiento del Estado a los vaivenes del mercado no era posible, precisamente porque existían factores éticos.

Al igual que los cristianos, el Estado puede pecar por acción u omisión, pensamiento o palabra, pero no puede ser considerado neutro desde ninguna perspectiva, y cuando se cede a la tentación de ignorar la dimensión ética propia del Estado se producen vacíos que sólo pueden ser llenados por quienes tratan de atraer al Estado a sus propios intereses. Así, el país ha observado disputas entre ministros, los propios partidos oficialistas con el Gobierno y, como es natural, entre los políticos de uno y otro sector. Toda esta polémica se produce sin que la máxima autoridad del país fije el marco en el que se genera el debate.

El Gobierno no parece tener propósitos éticos, salvo dos o tres promesas de campaña, y la inexistencia de una hoja de ruta clara y orientada al menos al mediano plazo, hace que la preocupación de las autoridades quede circunscrita a tapar los errores que se cometen como fruto de la descoordinación.

Por otra parte, el Estado no puede predicar si no está dispuesto a practicar lo que predica. Si se queda a medio camino, las definiciones valóricas pierden fuerza. No puede, por ejemplo, establecer determinadas reglas para las empresas del sector privado si no se cumplen en el seno del aparato público. Los trabajadores subcontratistas de Codelco y ahora Enap no se movilizan por mejores sueldos, sino para que se les cumpla lo que se les prometió en cuanto a una efectiva justicia laboral y social.

En cada caso en el que Estado no garantice toda la justicia de la que es capaz o no asegure el bien común, el país podrá reclamar inconsecuencia como se hace con el pecador y al igual que se hace con este, en que se le pide un cambio de actitud y luego se le denuncia a la comunidad hasta llegarse a su repudio, el Estado pecador puede perder el respeto y la credibilidad, y esos son atributos muy difíciles de recuperar.

CHILE: UNA POLÍTICA ECONÓMICA DESVERGONZADA

POR JUAN PABLO CÁRDENAS

Después de la millonaria asignación de recursos para tapar el bochorno del Transantiago vino la vergonzosa decisión del Gobierno de fijar en una más que discreta cifra el salario mínimo. Casi 300 millones de dólares de bonificación para los bancos y empresas operadoras del fracasado sistema de movilización colectiva capitalino; apenas unos pesos de reajuste al salario de unos 800 mil campesinos y obreros chilenos que con sus familias constituyen los sectores más pobres e indigentes. De esta forma, el "Gobierno Ciudadano" rinde prueba de su irreductible compromiso con la economía neoliberal y le da un portazo a la esperanza que muchos teníamos en cuanto a que Michelle Bachelet torciera el rumbo diseñado por la Dictadura y aplicado rigurosamente por los gobiernos de la Concertación.

No es cuestión de recursos, sino de compromiso ideológico con el modelo vigente. A esta altura, el socialismo o el social cristianismo que dicen profesar quienes nos gobiernan desafina tanto como el republicanismo de Pinochet. Escandaliza, incluso, a los dirigentes de la derecha, cuyo senador más pudoroso ha propuesto un "salario mínimo moral" que los empleadores paguen efectivamente a sus trabajadores, por sobre la mezquina cifra dispuesta por el Zar de nuestra Hacienda Pública. Sabemos, por supuesto, que nuestros recursos públicos no son ilimitados. Seguimos siendo un país exportador de productos básicos, con poco o nada de valor agregado y absolutamente dependiente del precio internacional del cobre, como de que nos provean energía del otro lado de Los Andes. Sin embargo, nos damos cuenta que el reiterado superávit fiscal puede permitirnos inversiones sólidas y corregir las escandalosas desigualdades en el ingreso y calidad de vida de nuestra población. Una magnífica oportunidad para que el país se dote de nueva infraestructura, invierta en una severa reforma educacional, emprenda actividades que den trabajo y recuperen para los chilenos los millonarios dividendos que cobra la inversión extranjera que explota inicuamente nuestros yacimientos, recursos hídricos, forestales y servicios básicos.

Con la bonanza, en cambio, lo que hemos visto es el dispendio, la malversación y la degeneración de nuestra política. Desde los sobresueldos que se les descubrieron a los ministros, las concesiones fraudulentas del Ministerio de Obras Públicas, los desvíos de fondos de los planes de empleo y fomento del deporte... hasta las descarriadas operaciones en Ferrocarriles y otras instituciones y empresas del Estado. Dietas de 8 o más millones para los parlamentarios y jueces, mientras que el salario mínimo se fija en 144 mil pesos; utilidades bancarias que superan los porcentajes de las economías más sólidas del mundo, a expensas del crédito usurero que otorgan a quienes integramos una de las naciones más endeudadas de la Tierra. Cientos de miles de pequeños y medianos empresarios ahogados por un sistema diseñado y ejecutado en beneficio de "los peces gordos" y de sus operadores en el Gobierno y los otros poderes del Estado. Cuya tarea, como se comprueba, es hacer incluso "vista gorda" a los horrores que cometen contra el medio ambiente.

Lo curioso es que nos está sobrando dinero para financiar campañas políticas millonarias, salir al rescate de los empresarios inescrupulosos, dotar de más onerosas y mortíferas armas a los militares, encarcelar a los niños que delinquen y vender en el mundo nuestra "imagen país" como la copia feliz del Edén. El propio Zar se ha preguntado qué hacer con tanto dinero sin afectar los sacrosantos equilibrios macroeconómicos que se fundan, ciertamente, en la NECESIDAD de que los trabajadores ganen muy poco para garantizar las suculentas utilidades de los exportadores dentro de la terrible competitividad de los mercados. Que los políticos se repartan un pastel sabroso al servicio de los que tienen y quieren todavía más. Que las cortes y la policía tengan recursos para reprimir el descontento y garantizar la impunidad de explotadores, asesinos y corruptos. Que el periodismo y los intelectuales no vigilen a la autoridad ni creen expectativas sociales. Más bien velen por los fundamentos ideológicos de quienes se enseñorean, gobiernan y cogobiernan este país llamado Chile.

servido por elpaskin1 2 comentarios compártelo