ALFREDO PEÑA R., CIENTISTA POLÍTICO Y PERIODISTA

Las fiestas no duran eternamente -aunque a algunos les gustaría-, hay que volver a la realidad y enfrentar los problemas, especialmente cuando se tiene la responsabilidad de gobernar.

El Gobierno debe enfrentar cómo soluciona sus relaciones con los pueblos originarios , ahora que volvemos a la realidad después de las fiestas, en especial con los comuneros mapuches y el pueblo rapa nui. Ha sido errático su comportamiento con las demandas de los comuneros mapuches. Al inicio hizo oidos muy sordos a la petición de instalar una mesa de  diálogo amplio y plural, trató de resolver la materia con iniciativas legislativas sin diálogo y al final termina con un diálogo directo con los representantes, instala una segunda mesa de diálogo y debe negociar en el Parlamento una fórmula legislativa en la Comisión Mixta que concite su aprobación en ambas corporaciones.

Este errático actuar es porque desconfia de la política, del diálogo y de la capacidad de articular mínimos acuerdos para resolver estas materias. Ya a los más de 6 meses de instalación gubernamental debiera haber aprendido sobre el valor de la política y del diálogo y de la necesidad de construir mecanismos institucionales para que nuestro país asuma la multiculturalidad y reconozca el aporte de culturas como la mapuche y la rapa nui.

También debe despegar si respetara o no la nueva institucionalidad medio ambiental que vulneró en el episodio Brrancones, a propósito del desarrollo de los nuevos proyectos energéticos que se están desarrollando en la III y VII región. El crecimiento de nuestra actividad económica requiere desarrollo de nuevas fuentes de energía y por el momento, sólo se ven trabas al desarrollo de los proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos, sin que se observe una política articulada y consensual sobre la matriz energética que nos acompañara en el futuro.

Si no se resuelve esta incógnita con una política energética mayoritaria y respetando la institucionalidad; el desarrollo de nuestra sociedad quedara supeditada a la voluntad presidencial, cuestión que como recientemente ocurrió queda supeditado a las encuestas y a la presión de grupos corporativos, que no necesariamente miran el bien común y el desarrollo de mediano plazo del país. 

El 30 de septiembre el Gobierno deberá ingresar el presupuesto fiscal 2011 y se verá como se resuelven los temas pendientes de la sociedad chilena: la reconstrucción -aún pendiente- después del desastre del 27 de Febrero y el cumplimiento de las promesas de campaña y que reiteró el 21 de mayo pasado. Por el momento resulta preocupante de que se anuncie que el presupuesto fiscal 2011 crecerá sólo un 5%. 

Esta señal de austeridad fiscal no es compatible con la necesidad de atender a 140.000 familias que quedaron sin vivienda con el terremoto/maremoto, a las 100.000 familias que viven de allegadas y que esperan un subsidio para tener su propia vivienda; ni con el anuncio de duplicar la subvención escolar, ni con la promesa de eliminar la cotización del 7% de salud de los pensionados y así la larga lista de promesas anunciadas que claramente no se pueden realizar con un presupuesto que sólo crece al 5%.

¿Es que acaso el Gobierno de Piñera pretende discontinuar programas sociales iniciados por los gobiernos de la Concertación o querrá rebajar beneficios sociales o congelará el gasto en personal no dando reajustes reales a los salarios de los funcionarios de la administración o simplemente se olvidará de las promesas de campaña ?. El presupuesto fiscal creciendo al 5% se convierte en "un zapato chino" para el Gobierno (producto de tantas promesas de campaña) y debiera generar una activa discusión pública en el Parlamento.

La oposición debiera jugar un rol activo en la defensa de la inversión social, en especial de los beneficios del sistema de protección social construidos durante los gobiernos de la Concertación, pero también debe exigir que se cumplan aquellas promesas de campaña en que las diversas candidaturas coincidieron y que signifiquen una mayor inversión pública en la gente. El 69% del presupuesto fiscal es inversión social y tener un país más moderno y solidario exige mayor inversión social y no menos inversión social.

Ayudar a las familias afectadas por  la Reconstrucción , dar una educación de calidad a todos y todas, mejorar la atención hospitalaria, derrotar la drogadicción en el mundo popular, seguir mejorando el transporte público en el gran Santiago y en regiones son cuestiones que se definen en el presupuesto fiscal de cada año y por ende, su debate público en el Parlamento debiera mostrar a una oposición defendiendo el sistema de protección social construido y proponiendo nuevas iniciativas para acelerar la Reconstrucción y la lucha contra la desigualdad.

Lamentablemente para el Gobierno se acabó la fiesta del bicentenario y ahora se empieza a jugar el partido de las políticas públicas del futuro y el tipo de sociedad que se quiere construir.¡¡¡   Esto comienza a ponerse interesante señores  ¡¡¡ diría un relator deportivo...