ARNOLDO SILVA LAGOS

Bajo el dictador ladrón y asesino, una parte del Ejército fue una asociación mafiosa manejada bajo las más estrictas reglas del crimen organizado incluyendo la eliminación física de los testigos molestos.  

Tras 17 años se dictó un débil fallo en uno de los mas escandalosos y sanguinarios crímenes de la dictadura, donde para proteger los negociados del dictador Augusto Pinochet se utilizaron idénticos métodos que la mafia siciliana. Pinochet ordenó asesinar a un coronel para ocultar sus contrabandos de armas a países en guerra y puso a los servicios de inteligencia a cometer estas barbaridades, dejando en claro que los servicios secretos de la tiranía, en todas sus versiones, desde la CNI al Batallón de Inteligencia, nunca fueron otra cosa más que escuadrones de la muerte al servicio de un capo mafioso, en este caso, Pinochet.

El coronel Gerardo Huber, jefe del Departamento de Logística del Ejército fue hallado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo, en el sector La Obra de la precordillera de Santiago. Tenía un balazo en el cráneo.

¿Su pecado? Una participación marginal en uno de los tantos delitos del dictador, en este caso en su arista de traficante de la muerte, es decir de comerciante clandestino de armas.

En el primer momento, la muerte del coronel Huber fue calificada como suicidio pero ocurrió justo en momentos en que debía declarar en el caso de contrabando de armas que salió mal pues el envío no llegó a destino sino que fue a parar a otro país.

El juez investigador sugirió que Pinochet y sus cómplices estaban dispuestos a utilizar al servicio de inteligencia militar no sólo para eliminar las amenazas políticas a su poder -una práctica normal para ellos durante la dictadura-, sino también para proteger las fortunas que estaban acumulando descaradamente.

En marzo ese juez instructor, Claudio Pavez Ahumada, concluyó que el coronel Huber fue silenciado permanentemente como parte de una conspiración del mando militar para impedir que las ventas de armas y otras operaciones irregulares se hicieran públicas.

Las actas judiciales, las declaraciones y entrevistas con personas implicadas en el caso, sugieren que el rol de Pinochet fue el de jefe de esta suerte de crimen organizado en su propio beneficio.

El hilo de la siniestra madeja comenzó a develarse cuando el tirano asesino fue acusado por evasión de impuestos y fraude en conexión con sus inversiones en el extranjero, al menos ocho millones de dólares de los cuales fueron colocados en el Banco Riggs de Washington. Cuando uno de los jueces instructores le interrogó al respecto, el cínico criminal dijo que no podía recordar los detalles relevantes.

Un informe del Senado estadounidense de julio de 2004, publicado después de la investigación de la cámara alta, sobre las irregularidades financieras en el Banco Riggs, contiene copias de documentos que Pinochet entregó al banco para explicar el origen de sus depósitos. En esos documentos, el individuo reconoce haber recibido  "comisiones, pagos y honorarios por trabajos realizados en proyectos especiales (en asuntos militares) fuera de Chile", especialmente en Gran Bretaña.

Su abogado Pablo Rodríguez, otro cínico y además terrorista en retiro, trató de explicar el origen del dinero diciendo que fueron pagos derivados de los fondos reservados disponibles para la Presidencia y la Comandancia en jefe del Ejército, así como de beneficios de operaciones en propiedad inmobiliaria y donaciones de hombres de negocios agradecidos "por haberlo salvado del marxismo", como al Sebas Piraña.

María Inés Horvitz Lennon, la abogado que representa el Consejo de Defensa del Estado en esos años, reconoció que no había explicación para toda la fortuna de Pinochet, unos 200 millones de dólares en realidad, la décima parte de lo que tiene el Piraña, cantidad igualmente poco clara.

"Desde 1990 en adelante, idearon un esquema más refinado para esconder los robos, porque Pinochet ya no estaba en el poder, y no podían recolectar los sobornos directamente", dijo la señora Horvitz. "Al mismo tiempo, existía la Operación Silencio, una operación en curso para eliminar a la gente que podía poner en dificultades a Pinochet".

Cuando desapareció el coronel Huber el 29 de enero de 1992, había sido director de logística para el Ejército durante casi un año. Esa posición lo puso a cargo de la compra de suministros varios, incluyendo armas, y lo colocó dentro de la red de ventas ilegales de armas.

 

Ese negocio, según muestran los documentos acumulados en el proceso,  fue iniciado por un ex agregado militar británico que se acercó a viejos amigos entre los militares criollos para comprar armas para el nuevo gobierno que se había formado en Croacia tras la disolución de Yugoslavia, que sufría en esa época un embargo de armas de Naciones Unidas.

Él y un colega francés acudieron a las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), dirigida por el general Guillermo Letelier Skinner, uno de los hombres más cercanos a Pinochet.

Famae accedió a la venta de armas, muestran los documentos oficiales, y se hicieron planes para el envío de una muestra a Croacia, para su inspección, el preludio de lo que se creía que sería un negocio de más de cien millones de dólares. Para evitar ser descubiertos, el destino declarado de las armas, entre las que había pistolas, morteros, misiles tierra-aire y municiones, era Sri Lanka.

Un avión de carga que transportaba las armas, salió de Chile en noviembre de 1991 e hizo escala en Miami, lo que puede haber alertado a la CIA. Cuando el avión hizo otra parada en Budapest, las autoridades requisaron el embarque.

La participación del coronel Huber parece haber sido marginal, ya que como el oficial de más alto rango en el departamento de logística, estaba nominalmente involucrado solamente en la compra de armas, no en su venta. Pero debido a que trabajaba regularmente con los agentes de aduanas, dicen investigadores del gobierno, sus superiores le pidieron que ayudara a despejar el camino para el envío de armas.

En una entrevista aquí en enero, la esposa del coronel Huber, Adriana Polloni de Huber - ella es hija de un general ya fallecido --, recordó que en mayo de 1991, meses antes de que se descubriera el negocio croata, su marido ya había descubierto información en documentos oficiales que lo hicieron sospechar de que estaba ocurriendo algo irregular.

Él expresó su preocupación al más alto nivel, dijo la viuda.

"Gerardo pidió hablar con el general Pincohet, que se puso furioso con él", dijo. "Estás loco", le dijo Pinochet. "Tienes que internarte en el quinto piso" del hospital militar aquí, donde alojan los pacientes mentales, "y hacerte ver por un psiquiatra". "Creo que ese fue el momento en que mi marido firmó su sentencia de muerte", dijo la señora Huber.

En la investigación, el coronel Huber estuvo entre los llamados a declarar. Su esposa dijo que parecía excitado ante la idea de ser el chivo expiatorio del asunto.

Había decidido cooperar con los investigadores, dijo, y le había dicho que tenía copias de documentos que incriminarían a muchos oficiales de alto rango en las ventas ilegales de armas y otras operaciones económicamente sospechosas. Los investigadores del gobierno dicen que esas transacciones pueden haber incluido también la compra de armas.

Tras la muerte del coronel Huber, se acusó de la venta de armas a Croacia, a un par de oficiales de nivel medio del ejército, sobre los que los oficiales dijeron que actuaron por cuenta propia. Uno de los oficiales era el capitán Pedro Araya Hermosilla. Cuando se reabrió el caso Huber el año pasado, el capitán Araya se convirtió en un testigo del estado y declaró que había actuado por órdenes de oficiales superiores en la jerarquía del ejército.

El general Pinochet "tenía pleno conocimiento de esta venta, ya que estaba en estrecha comunicación con el director de Famae y disponía, a nombre del Ejército, de las armas que podían ser vendidas por Famae".

Para hacer todo más lóbrego y mafioso lo sucedido, la nieta del coronel Huber, Loreto Tapia, estuvo casada con Hernán García Pinochet, nieto del dictador.

Dos días después de la desaparición del coronel Huber, la joven pareja asistió a la celebración de un aniversario de bodas de Pinochet en la casa del militar asesino y ladrón, un Al Capone en uniforme militar.

La señora Tapia, que ya no está casada con el nieto del fallecido bandolero, dijo que cuando los  militares la interrogaron, la instaron a no mencionar a los investigadores civiles que habían hablado con Pinochet.

Todo indica que el coronel Huber fue retenido durante varios días en un centro de detención secreto operado por la DINE. "Huber no murió el día en que desapareció", dijo el juez Pavez antes de dejar el caso. "Murió cinco o seis días después; eso lo sabemos por las evidencias forenses. Así que, ¿dónde estuvo todo ese tiempo?"

Después de 17 años de cometido el crimen y otros cuatro de investigación, Claudio Pavez dio a conocer el lunes las condenas de primera instancia nada menos que contra dos generales, un brigadier y un coronel en retiro del Ejército, autores intelectuales y materiales por el homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en 1992 para ocultar la exportación ilegal de armas a Croacia y sellar su silencio al estilo mafioso, es decir con la muerte del testigo.

En este caso desfilaron bajo los cargos de homicidio calificado y asociación ilícita el ex general Carlos Krumm, quien fue director de Logística del Ejército y jefe de Huber;  el ex general Eugenio Covarrubias, quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y a quien el juez no condenó; el ex general Víctor Lizárraga, subdirector de la DINE en su momento; el ex brigadier Manuel Provis Carrasco, antiguo jefe del Batallón de Inteligencia del Ejercito que debió ser disuelto por sus actividades delictuales; y el ex coronel Julio Muñoz, pieza clave de esta tenebrosa trama, pues aparecía como amigo y era compadre del ejecutado Huber.

El abogado Ciro Colombara dijo que "nos parece que esta fue una investigación acuciosa la que ha llevado el ministro Claudio Pavez, que necesariamente termina en una sentencia condenatoria".

En febrero de 1992 y tras 20 días desaparecido en el Cajón del Maipo, Gerardo Huber, fue encontrado sin vida en un montículo del río Maipo y con un disparo en su cabeza. Tres meses antes del hecho se había descubierto el armamento exportado ilegalmente por Famae a Croacia, las que fueron entregadas en plena guerra con Serbia - algo prohibido por las Naciones Unidas --y no a los grupos militares regulares croatas, sino a las formaciones ustachis, los viejos tercios fascistas del país balcánico que pelearon junto a la Alemania nazi durante en la Segunda Guerra Mundial.

El juez Pavez determinó que el 29 de enero, mientras Huber se encontraba escondido en San Alfonso, tras que comenzaran los problemas para las armas enviadas a Croacia y cuyas ganancias iban directamente a los bolsillos de Pinochet, su compadre Julio Muñoz lo llevó bajo engaño al puente El Toyo, donde fue asesinado de un tiro a larga distancia, presuntamente por un francotirador, según detalla el expediente. El magistrado determinó el tipo de fusil empleado, del cual existían en ese tiempo cuatro en los arsenales del Ejército.

El propio juez, reiteró el carácter mafioso del crimen: "Se trató de silenciar al coronel, porque hubo muchas operaciones, muchas actividades tendientes a evitar que Huber declarara y que concurriera a los tribunales, y después que fueron fracasando una tras otra se llegó a la instancia final, en que muere Huber", sostuvo. Se trató de "ocultar la existencia de la asociación ilícita", es decir del carácter delictivo de todo el tema, ratificó.

Asimismo, precisó que se quiso encubrir "todos las variantes que tenía la actuación de esta gente respecto del tráfico de armas y respecto de otras situaciones que están todavía algunas de ellas en etapa de investigación, como el problema de los tanques Leopard, como el caso de las armas a Ecuador en plena guerra con Perú, y como una serie de investigaciones en que las mismas personas aparecen involucradas de una o de otra manera".

Los inculpados se encuentran en libertad provisional y tendrán 15 días para apelar y recurrir al tribunal de alzada de San Miguel, suburbio al sur de Santiago.

Según la resolución, Lizárraga, fue condenado a cinco años por asociación ilícita y cinco años por homicidio calificado; Provis, recibió cuatro años por asociación ilícita y cuatro años por homicidio calificado.

Krumm, fue condenado a 541 días de presidio por homicidio calificado y absuelto por asociación ilícita; y Muñoz, a 540 días por homicidio y 60 días por asociación ilícita.

Covarrubias no recibió pena alguna, pero parece muy discutible que sea realmente inocente.